El 13 de febrero de 2025 fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.729, que modifica la Ley N° 18.168, Ley General de Telecomunicaciones, incorporando nuevas obligaciones para las concesionarias de servicio público telefónico y de transmisión de datos en materia de registro e individualización de usuarios e introduciendo un nuevo delito de acción penal pública.